La gente más pedorra del nuevo Congreso de diputados ha puesto el grito en el cielo porque unos cuantos elegidos en las urnas utilizaron la fórmula del imperativo legal para ocupar sus escaños. A mí me parece que eso de jurar, prometer o simplemente sentirse obligado a hacer el canelo, porque así lo dicta el reglamento y el protocolo de una cámara, es una ridiculez. Desplazar la garantía hacia un libro, por muy bien escrito que esté, supone deshacerse de un hecho básico y mucho más importante, que el sujeto en cuestión ha sido elegido para estar allí. La condición imprescindible para sentar las nalgas en un butacón del hemiciclo es la de haber sido votado por una parte de la ciudadanía, lo de menos es que jure, prometa o se encoja de hombros ante un libro. Igual le han elegido, por decir algo, para que cambie de libro. Y en ese caso, ¿qué sentido tiene poner la mano encima de su cubierta y soltar unas palabras de carrerón?

  Para colmo, el libro del que hablamos es la Constitución, texto aprobado hace ya unas décadas mediante referéndum y que los más jóvenes deben aceptar por la peregrina razón de haber nacido después de que se aprobara. Algunos de sus párrafos fueron cambiados hace unos meses sin permiso de la población, en una sencilla pero rápida sesión parlamentaria, de modo que el libro de los juramentos y de las promesas no es otra cosa que una simple versión del original. Comprendo que si a un diputado le obligan a realizar el trámite acabe modificando también la fórmula de pasar por el aro, colgando a su vez las coletillas que su juicio establezca para ocupar la poltrona. Pero no deja de ser una redundancia.

  Escribía ayer sobre la diferencia que existe entre la justicia y la legalidad. Hoy no me queda más remedio que asumir las condiciones que impone cada una de ellas, porque ser justo no es lo mismo que ser legal. A veces, ambos conceptos parece que van de la mano y que se corresponden mutuamente, y sin embargo en otras ocasiones se distancian de manera escalofriante. Todo depende de los intereses y con el paso del tiempo resultan cambiantes, por eso nos conviene no olvidar las causas y los efectos. La causa de que una persona se convierta en representante es que obtuvo los suficientes sufragios para ejercer. La criba del juramento no cuestiona su elección, así que podría obviarse y no pasaría nada. Otra cosa es que el ciudadano elegido sea un bandido o un delincuente, que cambie de chaqueta o se venda al mejor postor. No estaría de más que sus electores pudieran entonces cuestionar su representatividad y desalojarlos del escaño, sin embargo una medida como ésta no está prevista en el reglamento. Con una democracia participativa podríamos hacer un seguimiento más exhaustivo de los políticos, no sólo quedarían emplazados a decir lo que harán si llegan al gobierno, también podría juzgárseles por incumplimiento de contrato. Todavía hay que recordar a los políticos que no firman un compromiso con los dictados de un libro —ahora es la Constitución pero antes era una biblia— sino con las personas que les prestaron apoyo a cambio de su lealtad.